Una vez más, las mujeres afromexicanas enfrentan un revés a sus derechos políticos, al negarles el derecho a la representación proporcional que indica la acción afirmativa de derechos indígenas que se señala en el: Acuerdo INE/CG572/2020.
En sesión del 18 de noviembre del 2020 se aprobó el Acuerdo del Consejo General por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el PEF 2020-2021.
“Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales”, se indica.
Aunque la ley y el Instituto Nacional Electoral (INE) señalan que se debe cumplir la acción afirmativa para este periodo electoral, los partidos políticos y el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca hicieron sus enroques para que no fueran respetados y lograron que fuera dejada fuera a la única candidatura afromexicana de Oaxaca, sede de la lucha por la igualdad y el reconocimiento del pueblo afromexicano.
“No es un capricho por obtener un puesto de elección, sino ganar derechos que se han conquistado” aseguró Rosa María Castro, ex aspirante a candidata a la diputación federal, que encabeza un grupo de mujeres afromexicanas que exigen el cumplimiento de sus derechos pero que conforme se enfrentan a instituciones electorales, se alejan de lograr una justa representación de sus comunidades.
Otro de los impedimentos que enfrentan las mujeres afromexicanas está relacionada con la brecha tecnológica porque al estar las comunidades muy distantes, y tener un servicio deficiente de internet, es difícil seguir el camino de la justa justicia y lograr la acción afirmativa, además de la imperante falta de derechos entre las mujeres, en donde todavía priva el poder de los hombres por sobre toda la población con ayuda de partidos políticos y gobernantes, que solo ven con una visión machista el poder que desarrollan, y que las mujeres poco a poco van saliendo del letargo opresivo del falocentrismo, como una política única que todas y todos deben obedecer.
La justicia en México es demasiado cara no solo para la ciudadana común, que día a día nos enfrentamos a ella, pero cuando la enfrentan mujeres indígenas o afrodescendientes surge un abismo económico y de distancia cibernética y terrenal, porque cuanto cuesta un juicio, si es del ámbito federal va por un promedio de medio millón de pesos o más si quieren que la justicia se incline a su favor, difícilmente las mujeres afromexicanas tienen la economía para enfrentarlo, los que tienen la posibilidad son los partidos políticos y hacen uso de ello, porque saben que difícilmente las mujeres lo podrán realizar.
Así que este largo caminar va lleno de abrojos tecnológicos, políticos y económicos, además que las demandantes se tendrán que enfrentar a romper el techo de cristal, y buscar aliadas políticas y en la comunidad y entablar una lucha por lograr sus derechos políticos y tomar sus decisiones para su comunidad, sus habitantes y sus cuerpos. Por eso es que esta acción afirmativa no es un capricho sino una lucha por sus derechos políticos.
Escrito por Angélica Telles Rojas