Guadalupe Ríos López/Oaxaca/Notimia
A pesar de la oposición y protestas de organizaciones como ProVida, de miembros de la Iglesia católica y de ciudadanos y ciudadanas antiabortistas, el miércoles, la entidad de Oaxaca se convirtió en el segundo Estado el país en despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Pese a la traición de los integrantes de su propia bancada, porque los diputados Ericel Gómez Nucamendi y Jorge Domínguez votaron en contra, mientras que el legislador Alejandro López Bravo se ausentó “oportunamente”; Morena obtuvo 20 votos a favor de despenalizar el aborto y 10 votos en contra de la iniciativa.
En 2007, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización del aborto y, en 2009, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa pidió modificar las Constituciones de los Estados para establecer la protección de la vida desde la concepción.
En aquella ocasión en 16 estados, legisladores y legisladoras locales obedecieron la consigna panista, entre ellos las y los congresistas de Oaxaca en tiempos del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
En ese tiempo, la lucha de las feministas por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo fue ignorada. Hoy, la historia es diferente y, con esta aprobación, se impide que las mujeres sean juzgadas mientras cientos de voces indignadas muestran su rechazo a la despenalización del aborto y exigen reponer el proceso aduciendo todo tipo de argumentos.
¿Se imaginan qué habría pasado si en vez haber aprobado la ley para despenalizar el aborto en Oaxaca, los diputados y diputadas de la LXVI Legislatura del Estado hubiesen aprobado meter a prisión a quien tuviera relaciones sexuales fuera del matrimonio, o detener a quienes cometieran adulterio y encarcelar a homosexuales, bisexuales o transgénero? Seguramente las opiniones y posturas también estarían divididas.
¿Qué creen que dirían los integrantes de ProVida al respecto? ¿Protestarían los curas pederastas y los líderes religiosos? ¿Qué opinarían los políticos o intelectuales de doble moral? ¿Quizá se opondrían los poderosos empresarios que van a misa los domingos a pedir perdón por sus pecados para después pecar con más ganas?
Aunque parezca increíble, en Marruecos el Código Penal contempla un año de cárcel para quien mantenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, dos años de prisión para mujeres que aborten, también dos años de prisión para quienes cometan adulterio y tres años de cárcel a quien cometa “actos impúdicos o contra natura” con personas del mismo sexo.
De acuerdo con datos de un reportaje del periódico español El País, el año pasado fueron procesadas en Marruecos 14 mil 503 personas por “libertinaje”, 3 mil 48 por adulterio, 170 por homosexualidad y 73 por aborto.
El mismo reportaje señala que en aquel país diariamente se practican alrededor de 600 abortos clandestinos pues desde que se sanciona a los médicos, éstos han comenzado a negarse a practicarlos y por ello se ha incrementado el número de abortos fuera de quirófano, lo que también ha provocado que se incremente el número de suicidios de jovencitas embarazadas según datos proporcionados por el Presidente de la Asociación Marroquí de lucha Contra el Aborto Clandestino, Chafik Chraibi.
En México hay cientos de mujeres presas, en su mayoría indígenas pobres, que fueron condenadas por “homicidio” al haber tenido un aborto espontáneo, un parto prematuro o una emergencia obstétrica.
Evelia Mutul de 38 años de edad, indígena maya está presa desde hace diez años; fue procesada y sentenciada por “homicidio” en Yucatán, y con engaños la hicieron firmar un documento con su confesión sin saber de su contenido, pues solo hablaba maya al momento de la detención.
A Evelia la sentenciaron, además, a pagar 140 mil pesos de multa. Ella aprendió a hablar español durante su encarcelamiento.
Gabriela, una joven guerrerense de 18 años, fue detenida y sentenciada a ocho años de prisión por “homicidio”. Declaró que su pareja la amenazó con hacerle daño si no abortaba.
Susana Dueñas estuvo presa durante siete años acusada de “homicidio”.
La mayoría de las mujeres detenidas por “homicidio” (por practicarse un aborto), arrastran historias de rechazo, o han sufrido el abandono de sus parejas e incluso han sido amenazadas por sus novios o amantes que rechazan la paternidad.
Entre 2017 y 2018, unas 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto en el país, según el informe “Maternidad o castigo” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y de éstas, 228 fueron sentenciadas.
De acuerdo con la directora de la organización Las Libres, unas 700 mujeres están en las cárceles acusadas de “homicidio” y algunas han recibido sentencia de hasta 50 años de prisión, aunque en realidad se trata de abortos espontáneos.
A pesar de que un importante sector considera que hubo un error en el procedimiento, el Congreso oaxaqueño dio un primer paso, un “paso histórico” al despenalizar el aborto y constituye -coinciden expertos-, en “un avance en la protección de los derechos de las mujeres al tiempo que contribuye a una vida libre de violencia”.
Se requiere ahora de la reforma al artículo 12 de la Constitución del Estado para que ésta se haga efectiva. Desde luego no será nada fácil e incluso, advierten “podría registrarse una colisión de derechos humanos y tendría que someterse a un escrutinio de ponderación, que será de trascendencia para el país pues tomaría conocimiento la SCJN”. El debate sobre el tema apenas ha iniciado.