Autor: Saúl Ramírez Sánchez
Todo indica que después del día 11 de marzo de 2020 ya nada será igual, o al menos para la gran mayoría de la población mundial, pues en esa fecha la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia global.
A pesar de la declaratoria mundial de la pandemia del virus SARS-CoV2, mejor conocido como Covid-19, no existe una atención sanitaria dirigida hacia las personas, comunidades y los pueblos indígenas en México.
Situación que no es de sorprender debido a que históricamente los pueblos indígenas han padecido de un acceso restringido a los servicios de salud y de falta de infraestructura sanitaria, entre otros factores. La falta de políticas públicas en salud pluriculturales y plurilingüísticas dirigidas a los pueblos indígenas, así como la falta de información sobre el Covid19 vienen a oscurecer más la situación de las comunidades indígenas.
Aunado a los sombríos indicadores del derecho a la salud que tiene nuestro país. Uno es la medición de la capacidad y cobertura de la atención médica, conformado por la información sobre la cantidad de camas censables disponibles en las instituciones públicas de salud por cada 1,000 habitantes. En este tenor, México en 2015 fue el segundo país de la OCDE con menor índice de camas con 1.5 por cada mil habitantes, mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE fue de 4.7, y el promedio de los países del mundo fue de 2.7 camas por cada 1,000 habitantes.
Ahora, si vemos estos datos a nivel estatal encontraremos un panorama muy desalentador en nuestro país.
De acuerdo con el Informe sobre la salud de los mexicanos 2016: Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud, la Ciudad de México tiene un promedio de 2.4 camas por cada 1,000 habitantes. Mientras que los estados fronterizos del norte del país mantienen un promedio de 1 a 1.3 camas por cada mil habitantes, siendo Nuevo León el segundo Estado con 1.3 camas, en tercero se encuentra Sonora con 1.2 camas, en sexto se ubica Coahuila, en noveno sitio se localiza Tamaulipas, en décimo lugar Chihuahua y en el sitio décimo tercero se encuentra Baja California con 1 cama por cada 1,000 habitantes.
Para que nos demos una idea, los datos del Banco Mundial refieren que Japón tiene un promedio de 13.4 camas por cada 1,000 habitantes, Alemania con 8.3 camas y Ucrania con un promedio de 8.8 camas. Otro indicador que se estima para medir el derecho a la salud es la calidad de atención de médicos especialistas brindada a los pacientes por cada 1,000 habitantes, de acuerdo con el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018 realizado por el CONEVAL, el promedio nacional es de 0.71 por cada 1,000 habitantes, mientras que los estados fronterizos del norte del país como Baja California (0.68) y Chihuahua (0.62) se mantuvieron por debajo de la media nacional, en tanto que Nuevo León (0.74), Tamaulipas (0.76), Sonora (0.84) y Coahuila (0.85) estuvieron por encima del promedio nacional, siendo la Ciudad de México la que concentraba casi cinco veces (1.99) la cantidad de especialistas por cada 1,000 habitantes.
Estos indicadores muestran la gran desigualdad en el acceso a los servicios de salud para los habitantes de la frontera norte, especialmente, para los indígenas que habitan los estados fronterizos, en particular, Baja California. Aunado a que los pueblos indígenas tienen las tasas más altas de enfermedades crónicas, teniendo como principales causas de mortalidad la diabetes, las enfermedades del corazón, del hígado, las enfermedades cerebrovasculares, la neumonía y la influenza, según los datos del Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018 de CONEVAL.
En este contexto, la amenaza sanitaria sólo viene a aumentar los múltiples desafíos que enfrentan actualmente los pueblos indígenas en los servicios de salud, es decir, la realidad en la que viven día a día las personas, comunidades y pueblos indígenas en estos estados fronterizos está por encima de la pandemia del Covid19.
Realidad a la que se le adicionan las contiendas que libran los pueblos indígenas contra los megaproyectos, la minería o el inicio de la construcción del Tren Maya (en plena pandemia), la de hacer exigibles los derechos políticos, de desarrollo y de la consulta indígena bajo los principios del consentimiento libre, previo e informado, sobre todo, una lucha por el respeto a la libre-determinación y autonomía, así como la defensa de los territorios indígenas y el combate contra la violencia hacia las mujeres indígenas, entre muchas otras aristas.
Ante este panorama y ante la falta de acciones del gobierno federal y estatal a favor de mitigar y controlar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 en los pueblos indígenas, las comunidades comenzaron a tomar sus propias medidas y decisiones, haciendo valer su derecho a la libre-determinación y autonomía. Los primeros en tomar medidas de restricción de acceso al territorio indígena fueron las comunidades Guarijío, asentadas en Sonora, incluso tres días antes de la publicación en el DOF (27/03/20) del Decreto en donde se declararon las acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).