Autor: Saúl Ramírez Sánchez
En Baja California, una de las comunidades indígenas Kumiai más visitadas por turistas nacionales y extranjeros es San Antonio Necua, la cual se encuentra ubicada en la zona vinícola del Valle de Guadalupe, a comienzos del mes de abril decidió restringir el acceso a personas que no pertenecen a su comunidad, a fin de mitigar y prevenir el contagio entre las familias indígenas, sobre todo, de los adultos mayores, ya que son muy valiosos no sólo por los conocimientos y la sabiduría sino para lo gobernanza de las comunidades.
Esta medida se replicó en la comunidad Kumiai de San José de la Zorra, así como en el territorio del EZLN y en muchos pueblos indígenas de las diversas regiones del país, a fin de detener la transmisión del Covid-19. Lo cierto es que, ante medidas extraordinarias decisiones extraordinarias, pues en muchos pueblos indígenas estas decisiones se toman en las asambleas comunitarias y ahora fueron tomadas solo por las autoridades y los responsables de salud.
Cabe mencionar que estas medidas adoptadas, vinculadas con el territorio y la seguridad decolonial pueden tener una línea muy delgada de respeto a los derechos humanos de las personas. Así lo han denunciado los indígenas migrantes internacionales y nacionales que regresan a sus lugares de origen, debido al cierre de los trabajos no esenciales y a los despidos, pues en algunos pueblos las autoridades comunitarias los ponen en asilamiento por 14 días en lugares poco habitables, sobre todo, a los indígenas migrantes provenientes de Estados Unidos. Aislamiento al que se le suma la puesta en riesgo de la economía familiar y comunitaria indígena, pues dichos despidos implican la no recepción de sus remesas.
Recordemos que alrededor del 30 por ciento de las remesas de nuestro país son enviadas por las y los indígenas mexicanos. Antes estas situaciones, los organismos internacionales como FILAC, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, comenzaron hacer llamados a los Estados para instaurar medidas de prevención y atención sanitaria con pertenencia cultural, pero, ante todo, instaron a los gobiernos a no tomar de pretexto el brote del coronavirus para atacar a los pueblos indígenas y silenciar a los defensores indígenas.
Llamado que debe atender el Estado mexicano, ya que durante la pandemia se ha notado un incremento en los asesinatos a defensores indígenas que protegen sus territorios y los recursos naturales de sus pueblos.
Frente a las recomendaciones y reclamos sobre la falta de actuación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) del gobierno federal, éste se ha abocado a promocionar información de mitigación del coronavirus en 35 lenguas indígenas, de las 364 variantes lingüísticas, a través de sus 22 emisoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas. Aunque no se le puede pedir mucho a una institución que ha sido mermada y muy castigada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pues en 2018 ya le habían recortado casi el 50 por ciento de su presupuesto, quedando en 6,100 millones de pesos, en tanto que para el año 2020 se le asignó 4,100 millones de pesos en el PEF.
Mientras que, en Baja California, a nivel estatal y municipal, se ha carecido de acciones dirigidas a las personas, comunidades y pueblos indígenas. Quizá sea porque los gobiernos los consideran pobres, en lugar de reconocerlos como sujetos de derecho público.
El actual gobierno de Baja California creó la Dirección Estatal de Pueblos Originarios en la reciente Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, un cambio jurídico importante en la administración pública estatal, pero con la asignación de un presupuesto exigüísimo de 2.4 millones de pesos para el 2020, sin infraestructura ni programas y mucho menos personal. Así es que, bajo esta emergencia sanitaria, la institución podría estar condenada al fracaso y sin posibilidades de implementar acciones para mitigar la propagación del virus.
A nivel municipal la situación es igual de mezquina, si bien es cierto que existen coordinaciones o jefaturas para atender a las y los indígenas, también es cierto que sus condiciones son muy similares a la dirección estatal, o peor. Finalmente, se requiere que las autoridades, sobre todo, las responsables de las políticas de atención indígena se quiten la visión neoindigenistas, entendidas como políticas folkloristas interculturales caracterizadas por la discriminación institucional y exclusión en las políticas públicas.
En este sentido, las instituciones deberán gestionar gobernanza con las personas, comunidades y pueblos indígenas, a fin de salvaguardar sus derechos humanos. Es por ello que se les debe garantizar el acceso a la atención sanitaria, suministros de agua potable a las colonias y comunidades indígenas, asegurar refugios a indigentes indígenas, establecer protocolos de respuesta a la violencia familiar y hacia las mujeres indígenas, atenuar los desalojos, así como instaurar transportación de emergencia de las comunidades a las instituciones de salud. Como bien dice el Secretaría General de las Naciones Unidas: “el virus no discrimina, pero el impacto sí”.
Ante ello, el reto más grande será la reactivación de la economía lo que puede implicar la excusa perfecta que amenace los ecosistemas y los territorios indígenas, estableciendo políticas de empobrecimiento a las personas, comunidades y pueblos indígenas. No sólo la pandemia es el problema, sino las consecuencias que puedan socavar los derechos de estos sujetos.