Ciudad de México 20 de enero 2019. Información del FILAC-Notimia.- Grupo de Expertos (RGE) se reunió en la Ciudad de México para suministrar información al Relator Especial, Baskut Tuncak, sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.
La RGE, el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), el Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI, Nicaragua) junto con el Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), y representantes de 5 regiones a presentaron testimonios y estudios comunitarios para contribuir a la actual Revisión Jurídica por parte del Relator Especial.
Representantes del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, y el Mecanismo del Comité de Seguridad Alimentaria de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, formaron parte de la reunión.
Expertos indígenas compartieron los impactos devastadores a la salud por la contaminación tóxica en sus comunidades incluyendo defectos de nacimiento, mortalidad infantil, problemas reproductivos y cánceres. Muchos identificaron estos impactos como “violencia ambiental” resultando en extremo sufrimiento y muchas muertes, especialmente entre infantes y niños pequeños. Ellos afirmaron que las mujeres y niñas Indígenas son particularmente afectadas debido a los impactos ya conocidos de tóxicos ambientales en los cuerpos y salud reproductiva de las mujeres. Los impactos desproporcionados a las personas con discapacidades en comunidades indígenas también fueron presentados.
Los presentadores Indígenas insistieron que se necesita un cambio drástico e inmediato en los niveles locales, nacionales e internacionales de modo que el uso y almacenamiento de sustancias peligrosas no se lleven a cabo en sus tierras sin su consentimiento libre, previo e informado, como lo es afirmado en el articulo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pidieron que se limpien eficientemente las áreas contaminadas, remedios para aquellos cuyas vidas y derechos humanos han sido afectados, responsabilidad corporativa y gubernamental para proveer reparación y remedio a aquellos que han sido perjudicados, restauración de los sistemas tradicionales de alimentación y métodos de agricultura que no sean tóxicos, programas para abordar la extrema pobreza y el desarrollo de modos de vida seguros y económicamente viables en las comunidades Indígenas que no sean peligrosos para su salud ni para el ambiente.
Tarcila Rivera Zea, Quechua del Perú, quien participo en la RGE como miembro experta del FPCI-ONU de América Latina y el Caribe con enfoque en asuntos que afectan mujeres, niños y jóvenes, explicó que: “Esta revisión jurídica por el Relator Especial sobre Derechos Humanos y Tóxicos es muy importante para el FPCI-ONU y para los Pueblos Indígenas alrededor del mundo.” También, afirmo durante la RGE que “es tiempo de que los mecanismos y procesos de la ONU se muevan desde las recomendaciones a las implementaciones” y a encontrar “nuevas formas de avanzar que respeten efectivamente las normas y estándares internacionales protegiendo los derechos de la mujer, los niños y los Pueblos Indígenas.” Ella también pidió a los Estados tomar responsabilidad de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y la salud publica de todos deteniendo la producción, importación, exportación y uso de sustancias que se conocen como mortales a la salud humana y al desarrollo de los niños, sean ya producidas por la agricultura industrial, minería, extracción de petróleo, fracturamiento y otras formas de producción insostenible.
