El rostro de Teodora García ha desmejorado, sus pequeños ojos guardan una inmensa tristeza, se encuentra enferma por las preocupaciones que ha pasado día a día. Hace 10 años que su hijo Marcelino Mejía García, hablante mixteco, está en la cárcel, acusado de cometer un crimen y cuyo proceso judicial no contó con un intérprete de su lengua.
Han pasado cerca de 7 años desde la última vez que Teodora García pudo visitar a su hijo en el reclusorio de Santa Catarina Juquila. Desde entonces, ocasionalmente se comunica con él por teléfono a falta de dinero.
Marcelino Mejía García fue encarcelado un día de mayo de 2009. Han pasado muchos años, y su madre ya no recuerda la fecha ni el día en que sucedieron los hechos.
“Era un día cotidiano en el trabajo, cuando mi familia se comunicó para avisarme que habían detenido a mi hermano, sin pensarlo me tuve que regresar al pueblo y ver lo que había sucedido”, recordó Edith García Mejía.
Los sucesos se dieron en el municipio de Santiago Pinotepa, Oaxaca, cuando Marcelino pasaba cerca de la escena de un crimen, enseguida lo llevaron al Ministerio Público. Ahí, lo entregaron para después torturarlo, indican las declaraciones del acusado en el informe presentado por su actual abogado Gerardo Martínez .
Después de cuatro años, apenas el pasado 10 de diciembre de 2019 a Marcelino Mejía le pudieron practicar los estudios psicológicos y médicos, conforme al protocolo de Estambul, para determinar si hubo o no tortura en su proceso judicial. Lo anterior, se logró gracias a un amparo, informó Gerardo Martínez del Centro de Profesionalización Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet,).
El informe indica que a Marcelino Mejía lo obligaron a firmar una hoja en blanco. A falta del entendimiento del castellano y las torturas recibidas, al detenido lo llevaron a firmar una confesión de asesinato. La supuesta declaración fue suficiente para que el juzgado Mixto de Pinotepa Nacional lo procesara y condenara a 30 años de prisión; desde entonces permanece encerrado en el penal de Santa Catarina Juquila.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 2, apartado A, fracción VIII, que toda persona indígena debe contar con intérpretes y defensores que tengan el conocimiento de su lengua y cultura.
Mientras que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) especifica que hay aproximadamente 11 mil personas indígenas privadas de su libertad.
Marcelino Mejía García a sus 39 años, luce diferente, su mirada inquebrantable a los 28 años de edad se ha doblegado. Su sonrisa quedó en los recuerdos de hace diez años en Santa María Jicaltepec, una comunidad de la mixteca baja perteneciente a Pinotepa Nacional, ubicada a aproximadamente a 15 horas de la capital oaxaqueña.
Hay insuficientes intérpretes en Oaxaca
Datos del 2018 indican que sólo hay 26 intérpretes certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), quienes hablan sólo cinco de las 15 lenguas y más de 170 variantes.
En Oaxaca hay 954 indígenas presos, 631 se habrían quedado sin intérprete durante su proceso judicial y solo 323 de ellos tuvieron uno, según información del Cepiadet.
Marcelino Mejía García hablante de mixteco, al ser detenido escasamente entendía algunas frases en castellano cuando fue encarcelado y procesado. Él y sus hermanos no pudieron estudiar, porque su padre falleció desde que eran muy pequeños. A partir de entonces, tuvieron que trabajar para el sustento de la familia.
“Los cuatros años de atraso (de la práctica de los estudios psicológicos y médicos, conforme al protocolo de Estambul) se debió a la falta de recursos por parte del Estado. Así como la falta del personal capacitado. Gracias a todo ello, Marcelino lleva más de 10 años, preso. Aunque la Constitución señala que una persona, más allá de su condición indígena o no, debe ser juzgado antes del año”, precisó el abogado defensor.
El abogado espera los resultados que le fueron practicados a Marcelino: “Por el momento, esperamos los resultados para que Marcelino pueda salir en libertad; después ya habrá otras cuestiones que resolver con el Estado como una indemnización y demás”.
“Esperamos verlo pronto, ya ha pasado mucho tiempo; no entendemos mucho de derechos y eso, pero estamos seguros de que él no cometió ningún crimen. Mi madre es la más angustiada, seguido nos pregunta cuándo saldrá”, agregó Edith García, quien solloza por no poder ayudar, por falta de dinero, a su hermano.
Reportera: Juana García