Las voces coincidieron en que la organización debe ser desde lo comunitario contra el despojo, por la lucha de las mujeres por el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, la lucha por el agua, la liberación de presos políticos, la reubicación de las estaciones del Tren Maya en Mérida y Campeche, el establecimiento de zonas libres de proyectos extractivos, la conservación de las lenguas y las fiestas tradicionales y así como la construcción de autonomías.
Texto: Juana García
Fotos: Juana García/Yoco Reyes/Juan Valeiro
San Cristóbal de las Casas. – Desalojo de familias indígenas, saqueo de agua y deterioro de los territorios son algunas de las consecuencias detectadas por la Caravana El Sur Resiste, expuestas en el encuentro “Capitalismo corporativo mundial, Patriarcado planetario, Autonomías en rebeldía”, en el Caracol Jacinto Canek de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Al encuentro convocado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) asistieron más de 900 personas de 40 pueblos originarios del mundo, de al menos 27 estados de la República Mexicana, indígenas de 10 regiones autónomas de Chiapas, así como activistas de Europa, Norte, Sur y Centroamérica.
Las voces coincidieron en que la organización debe ser desde lo comunitario contra el despojo, por la lucha de las mujeres por el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, la lucha por el agua, la liberación de presos políticos, la reubicación de las estaciones del Tren Maya en Mérida y Campeche, el establecimiento de zonas libres de proyectos extractivos, la conservación de las lenguas y las fiestas tradicionales y así como la construcción de autonomías.
“La Caravana nos permitió encontrarnos con la selva que resiste. Ahí donde talan los árboles y brota nuevamente la vida. Escuchamos a las aves y sus mensajes, bebimos el agua cristalina de los pozos y respiramos el aire limpio de la ruralidad. Encontramos a pueblos y comunidades que se organizan, resisten y no permiten ni el despojo ni siquiera la entrada de las empresas en sus territorios”.
Fueron nueve días de recorrido de la caravana que atravesó en comunidades y municipios de ocho estados del sur mexicano, en donde se recogieron las experiencias de decenas de familias afectadas por la construcción del Corredor Interoceánico, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos.
Señalaron que el primero de los despojos es de la ancestralidad y la comunalidad de los pueblos, “porque cuando nos roban el sentido de pertenencia a la madre tierra dejamos de sentirla, de escucharla y sentir sus dolores”.
En Candelaria, Campeche, al menos 300 casas fueron desalojadas desde que se anunció el proyecto del Tren Maya; muchas de las familias que no querían vender sus hogares fueron hostigadas y presionadas para aceptar las compensaciones monetarias.
Wilma Esquivel dijo que primero son despojados de sus memorias y espiritualidad, su raíz, luego poco a poco de la forma de vida de los pueblos, de sus tierras. “Si dejan de ver la madre tierra como parte de sí, lo ven como mercancía, algo que se puede comprar y vender y entonces el saqueo se normaliza”.
En la comunidad Xpujil ubicada en la Reserva de la Biósfera Calakmul, Campeche, en se construyen grandes edificios como parte del megaproyecto del tren, pese a que se trata de una zona protegida.
“Es terrible que esta construcción esté contaminando nuestros ríos, el agua que bebemos todos los días, y que con un montón de tierra estén tapando nuestros humedales, prácticamente nos está matando”, dijo otra joven de esta región.
Por otro lado, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), pensado para unir con 200 kilómetros de vía férrea el océano Pacífico con el Atlántico, para facilitar el transporte de mercancías, hidrocarburos y otros recursos del subsuelo, pone en entredicho la postura oficial del gobierno federal con respecto a los pueblos campesinos e indígenas.
Durante el paso de la caravana hubo un desalojo violento del campamento Tierra y Libertad instalado por ejidatarios mixes de Mogoñé Viejo, quienes en defensa de su territorio se mantenían en las vías del tren que formarán parte del CIIT. En este desalojo fueron encarceladas seis personas del Istmo de Tehuantepec.
“El Corredor Interoceánico ha sido lugar de tránsito desde tiempos ancestrales de las rutas comerciales de los pueblos, pero en tiempos de la colonia y de la dictadura de Porfirio Díaz, así como durante los gobiernos del siglo XX y XXI han intentado apropiarse de él sin conseguirlo, esto por la resistencia histórica de los pueblos de la región”, recordó uno de los voceros del colectivo Milpamérica.
Al concluir la caravana, activistas, representantes de comunidades, organizaciones y colectivos se articularon en el territorio zapatista para visibilizar los daños de los megaproyectos impulsados por el gobierno federal y buscar estrategias de acompañamiento a las poblaciones afectadas.
Activistas de la Abya Yala, como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Colombia y Ecuador compartieron sus luchas, lo que expuso que el sistema capitalista está actuando de igual manera en todas las geografías donde los pueblos aún resguardan los bienes naturales, culturales y la vida en sí misma.
Megaproyectos: despojo y desarraigo
En territorios que fueron víctimas a principios del siglo XX del genocidio promovido por el Estado durante la Guerra de Castas de los mayas, el Tren Maya y los megaproyectos que se imponen ilegalmente son parte de las nuevas prácticas genocidas, apuntaron los activistas y representantes comunitarios.
“Los megaproyectos como la minería, parques eólicos, presas en el Sur Sureste han sido por imposición; no queremos el paso del Tren Maya porque necesitamos nuestro terreno para sembrar, además genera desarticulación de los pueblos. Los megaproyectos también afectan a nuestros centros ceremoniales, nuestra cosmovisión y las formas de vida”, pronunció una de las voceras, desde el auditorio del Caracol Jacinto Canek.
Carlos González, abogado e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), resaltó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado decretos y reformas que confirman su condición neoliberal, aunque su discurso sea otro; además, de la militarización del país.
Resaltaron que el Corredor Interoceánico, “el Tren mal llamado Maya” y el Proyecto Integral Morelos en el centro del país son parte de una red de interconexión y suministro de energía para las corporaciones que operarán en el sur del país y Centroamérica, la mayoría de ellas de capital privado y extranjero.
Por esta situación, exigieron que en el ejido Nicolás Bravo en Campeche sea revocada la asamblea ilegal del 5 de marzo del 2023, en “donde de manera ilegal se aprobó el paradero del tren mal llamado maya en favor del grupo Azcárraga, dueños de Televisa y que dañará más de 100 centros ceremoniales mayas”.
Militarización
Señalaron que también la militarización es parte de los megaproyectos, pues viene acompañada de la instalación de 21 estaciones y zonas de desarrollo turístico, parques eólicos y fotovoltaicos, termoeléctricas, cerveceras, granjas de cerdos, cultivos de palma, soja y otros monocultivos en la península.
La construcción del Tren Maya también incluye el desarrollo de empresas inmobiliarias, complejos hoteleros, centros comerciales, casinos, restaurantes y todo lo necesario para las grandes masas de turistas que se espera arriben a la península; esto, acusaron en el encuentro, provoca el despojo, el extractivismo y la destrucción de las formas de vida de los pueblos mayas.
En la comunidad Xpujil, Campeche, donde se construye el tramo 7 del Tren Maya, también se contempla un polo de desarrollo que incluye una estación del tren, seis bancos de materiales, un hotel, un casino y un pozo profundo, pero también una base y nueve cuarteles militares.
“Creo que era uno de los espacios con mayor presencia de elementos de la Guardia nacional, además de la policía estatal”, afirmó uno de los jóvenes de Futuros Indígenas que acompañó a la caravana.
En plan de desarrollo para los estados del sur, del gobierno federal, contempla la instalación de una línea de alta tensión y la ampliación del gasoducto del Istmo de Tehuantepec que, pretenden conectar con la nueva tubería marítima, la cual hace uso del fracking, agregaron los analistas y activistas de diversas organizaciones y colectivos.
“Este proyecto se construirá a lo largo del litoral veracruzano, en la cercanía del sistema arrecifal, desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos y con otro ramal marítimo hasta la nueva refinería Dos Bocas, también parte de este megaproyecto”.
Esta infraestructura, afirmaron, refleja la profundización de un modelo basado en la extracción de hidrocarburos fósiles, que durante el siglo XX aceleró los indicadores de contaminación y del calentamiento global, reforzado por energías supuestamente limpias en manos del capital extranjero, que no representa ninguna transición energética justa para los pueblos.
Demandaron la cancelación de la orden de desalojo de la comunidad de Emiliano Zapata III, Campeche, promovida por el supuesto propietario Fernando Oropeza Arispe y ordenada por juez civil de primera instancia del estado. “De igual manera la cancelación de las órdenes de aprehensión de los compañeros de la comunidad”.
También pidieron la cancelación inmediata de los trabajos de la construcción ilegal del tramo 7, la instalación del casino militar y el desarrollo turístico en la comunidad de Xpujil, “ya que, a pesar de la suspensión definitiva otorgada por un juez federal, la Sedena sigue su construcción en desacato de la orden federal”.
“Todas estas infraestructuras representan el despojo de nuestros territorios para beneficio de los grandes capitales como parte de un proyecto operado por las fuerzas armadas de México, Ejército, Marina y Guardia Nacional en coordinación con los cuerpos policíacos y migratorios y en contubernio con los carteles de la delincuencia organizada y la consecuente expansión de las economías criminales capitalistas y patriarcales”, concluyeron.