Texto: JUANA GARCÍA Y ROCÍO MARTÍNEZ
Ilustración: Iván Vargas
PARTE 3
Las autoridades de La Sabana Copala tienen claro que la anulación en la entrega de sus recursos se debió, en un principio, a exigir un aumento de lo que recibían del presupuesto federal.
En el caso de esta comunidad, antes de 2018, sólo le asignaban alrededor de 800 mil pesos del ramo 33, cuando según sus cálculos le correspondían más de un millón 600 mil pesos, pues explican que la distribución la realizan de acuerdo a la fórmula del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, donde se utiliza la información del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018 para los municipios del estado de Oaxaca.
Antes de ese mismo año, del ramo 28, apenas les daban 10 mil pesos mensuales, cuando en realidad les corresponden más de 42 mil pesos por mes con una suma de medio millón anual. “Pareciera que le íbamos a pedir limosna”, relatan las autoridades de La Sabana.
En el caso de Cuauhtémoc Yucunicoco, pobladores aseguran que en 2017 fue la última vez que el municipio de Santiago Juxtlahuaca les entregó recursos. Recuerdan que ese año les costó 230 mil pesos una obra; sin embargo, en 2018, el municipio les restó 21 mil pesos y sólo recibieron 209 mil pesos.
“Con ese dinero se construyó un tanque de cuatro metros cuadrados por cuatros metros de altura, el cual se quedó a medias, según nos dijeron que el dinero no alcanzó ni para las mangueras”, denunciaron.
Las autoridades recuerdan que fuera por esa razón que entraron en “un pleito” con el entonces presidente municipal Nicolás Feria, quien en vez de aumentar les recortó los recursos cuando hicieron una cocina comunitaria, donde ocuparon 230 mil pesos, obra que quedó sin lozeta y que también lo dejaron a medias.
Esa obra se realizó con la intención de tener una cocina comunitaria para los estudiantes, por lo que la asamblea priorizó su construcción, misma que se quedó sin piso y le faltaron muebles porque el recurso no les alcanzó.
Tras las denuncias por la falta de entrega de recursos en 2018, las autoridades comunitarias señalan que la administración de Feria Romo intentó negociar y entregarles menos recursos.
“Quieren negociar, pero nosotros no queremos negociar, solo queremos que nos entreguen todos nuestros recursos, no les estamos pidiendo de más”, señalan.
Entre las comunidades que también denunciaron la falta de recursos está Tierra Blanca Copala; sin embargo, su lucha se truncó porque a finales de diciembre de 2020, decenas de familias, junto a sus autoridades, fueron desplazadas por hechos violentos que se registraron en la localidad derivado de un conflicto interno.
Todo esto pese a que el artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca prevé la asignación de recursos económicos federales de los ramos 28 y 33, de manera general a las agencias municipales o de policía, sean o no indígenas.
Sin embargo, esto no ocurrió en La Sabana Copala, Tierra Blanca Copala, Yutazani, Cuauhtémoc Yucunicoco y Santo Domingo del Progreso.
Otras de las leyes que señalan estas garantías es la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, en su artículo 59, donde señala que los ayuntamientos dictarán las medidas legales a efecto de que las participaciones federales, los ingresos que se deriven de convenios con el estado y la federación, así como los derivados de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales se distribuyan con un sentido de equidad entre las comunidades que integran sus municipios, considerando sus disponibilidades presupuestales y las necesidades de las mismas.
Por estas garantías, los representantes de las comunidades explican que la repartición de los recursos tanto del ramo 28 como el 33, es una suma con una variación ligera del presupuesto federal, el cual comenzó a tener un incremento para el municipio de Santiago Juxtlahuaca a partir del año 2019.
Además, en su artículo 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el estado de Oaxaca, señala que “el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada municipio, de acuerdo a la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”.
Bloqueos, hartazgo de comunidades
Gerardo Martínez Ortega, experto en Derecho Indígena, explica que la falta de entrega de recursos a llevado a las comunidades a una situación de hartazgo social podría continuar mientras no haya una iniciativa a la reforma constitucional federal o local, pues “las leyes no son suficientes o tan efectivas para hacer que las agencias puedan acceder a los recursos que les corresponden en razón a número de habitantes. Aunque existe el derecho, no hay mecanismos idóneos para ejercer ese derecho”.
El especialista explica que la última reforma que hubo a la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Coordinación Fiscal de Oaxaca sólo previeron la posibilidad de que el presupuesto de egresos se entregado del ayuntamiento a las agencias, algo que “es medianamente bueno, pero no resuelve, porque sujeta el ejercicio de un derecho a la voluntad de un ayuntamiento”.
Martínez Ortega indica que los cambios deben ser desde la constitución federal y local, en las leyes secundarias como la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, entre otros.
“Más allá de su categoría administrativa como agencia de policía o municipal, como comunidad tengan ese derecho, en la constitución se tendría que estar reconocido de manera expresa ese derecho, para que se vincule de manera directa a las comunidades y les puedan entregar sus recursos”.
Asegura que las sentencias de otras comunidades que exigen sus recursos, la Secretaría de Finanzas argumenta “que legalmente hablando la norma no se los permite, en tanto no haya una reforma, van a seguir negando la transferencia directa de recursos”.
Este hartazgo del que habla especialista se ha visto manifestado en bloqueos carreteros, toma de oficinas, retención de funcionarios y hasta amenazas de linchamiento, algunas de las acciones realizadas por habitantes de comunidades oaxaqueñas en exigencia a las autoridades municipales para la entrega de recursos de los ramos 28 y 33.
En 2019 más de 10 comunidades tomaron el palacio municipal de Santiago Juxtlahuaca durante 15 meses, para presionar a las autoridades en la entrega completa de sus recursos; sin embargo, nunca accedieron, por el contrario, el entonces Presidente Municipal y el síndico respondieron con demanda de amparo al expediente JDI/37/2018.
La llegada de la pandemia del Covid_19 fue la excusa para que las autoridades municipales obligaran a las comunidades a retirarse del palacio, de tal manera que se convirtió en otro conflicto social en el que hubo uso de la fuerza policíaca.
“Nos corrieron como si fuéramos personas sin derecho; luego que no nos hicieron caso salimos a la ciudad de Oaxaca a realizar una marcha, pero tampoco pasó nada”, recuerdan, casi a dos años de que fueran desalojados, autoridades de Tierra Blanca, en exigencia por sus recursos, antes de que su comunidad enfrentará el desplazamiento forzado interno.
En esta situación de hartazgo y humillación se encuentran otras decenas de comunidades de la Sierra Sur, Mixteca, Istmo y Costa del estado de Oaxaca.
“Seguiremos luchando para que nos escuchen, lo estamos haciendo no solo por el bien de La Sabana, sino por el bien común de otras comunidades indígenas, tanto triquis como mixtecos”, repiten las autoridades de La Sabana Copala.
En tanto, las autoridades de comunidades como Cuauhtémoc urgen a la ampliación de los recursos para poder llevar agua a las familias de la periferia. “Si nos dieran los recursos, nosotros nos encargaríamos de buscarle, pero eso nunca sucede porque son ellos los que administran las obras”. Mientras que las autoridades de Yutazani han insistido en la apertura de una carretera hasta su pueblo.
Resisten con remesas
Los pueblos que han resistido la falta de recursos sobreviven de las remesas de familiares y vecinos radicados en Estados Unidos, además de las cooperaciones para sus necesidades más urgentes.
“Ustedes son testigos, ven la construcción, los amigos americanos cooperan y nosotros damos tequio. Algunas familias nos dan de comer, aunque sea un tamalito o un refresquito, es como hemos sobrevivido como pueblo”, detallan habitantes de La Sabana Copala.
Por falta de recursos del municipio de Santiago Juxtlahuaca, las únicas obras que se ejecutaron en esta comunidad fueron del gobierno federal a través del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN).
Por ejemplo, en La Sabana, se construyó una barda perimetral de la escuela preescolar, así como una grada escolar y la pavimentación de primaria en esta comunidad.
En La Sabana, además, hay un albergue donde, debido a la falta de recursos, la comunidad absorbió el pago de la cocinera.
“Imagínese que nosotros debemos de pagar a la cocinera del albergue que acá tenemos, antes pagábamos con el recurso que nos entregaba el municipio, pero ahora ni eso tenemos”.
También en Santo Domingo del Progreso al igual que Cuauhtémoc Yucunicoco, trabajó a través del tequio es la única forma como se logran realizar obras, en especial las que el programa de La Escuela es Nuestra, donde se logró construir un aula y un techado, para estudiantes de primaria y preescolar, así como mejoramiento de las instalaciones educativas.
Las autoridades de La Sabana, Cuauhtémoc y Santo Domingo aseguran que más infraestructura para la educación se hubiera podido realizar, si hubieran recibido sus recursos correspondientes.
Entre cooperaciones y tequios, es como las comunidades han avanzado y, han resistido ante las múltiples violaciones a sus derechos humanos y la falta de recursos para ejercer su soberanía, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR), en coordinación con Data Crítica y Notimia, con Ilustración de El Universal.