A días del 8M, retienen a la presidenta municipal, Italivy Sarahí Juárez Ramírez al interior de la sede del Congreso del Estado de Oaxaca, en San Raymundo Jalpan. Un grupo de pobladores de San Agustín Amatengo la detuvo, luego de que el pleno rechazara un dictamen relacionado con la solicitud de revocación de mandato en su contra.
Tras la votación —que no alcanzó la mayoría necesaria— la tensión escaló. Personas inconformes ingresaron al recinto legislativo y, entre empujones y gritos, sacaron a la alcaldesa del inmueble y la subieron a una ambulancia contra su voluntad. Posteriormente, la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca permitió su localización y liberación. Se reportaron detenciones derivadas de los hechos.
El conflicto tiene antecedentes en señalamientos comunitarios por presuntas irregularidades administrativas y demandas de rendición de cuentas. Sin embargo, el método elegido —la retención forzada de una autoridad municipal en funciones— abrió una alerta mayor sobre la fragilidad institucional y la normalización de la violencia como mecanismo de presión política.
Un hecho que no puede minimizarse
La inconformidad social es legítima en cualquier democracia. Lo que no es legítimo es privar de la libertad a una mujer autoridad en pleno recinto legislativo.
Este episodio ocurre a pocos días del 8 de marzo, cuando el país y el mundo se preparan para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. El contraste es contundente: mientras los discursos oficiales hablan de igualdad y paridad, en los hechos, –las mujeres–, particularmente las mujeres indígenas— siguen enfrentando riesgos diferenciados por ejercer cargos públicos.
La violencia política contra las mujeres no siempre se presenta bajo etiquetas formales. A veces se manifiesta como presión desmedida, deslegitimación sistemática o actos que buscan intimidar y exhibir públicamente a quienes ocupan el poder siendo mujeres.
8M, no basta con conmemorar
Si el Estado no garantiza que una presidenta municipal pueda acudir al Congreso sin ser retenida por la fuerza, ¿Qué mensaje se envía a otras mujeres que aspiran a gobernar?
La exigencia es clara: investigación exhaustiva de los hechos, garantías de no repetición, protocolos eficaces de protección para autoridades mujeres y mecanismos de mediación con enfoque intercultural y de género.
No se puede hablar de democracia, mientras las mujeres indígenas sigan gobernando bajo amenaza. No se puede conmemorar el 8 de marzo con discursos floridos mientras la violencia política continúa operando en los márgenes —y a veces en el centro— del poder.
La deuda no es simbólica, es estructural. Y saldarla implica dejar de normalizar la violencia cuando quien la enfrenta es una mujer indígena en ejercicio de autoridad.
Por Malinalli Martínez