__ El uso de mecanismos electorales diseñados para frenar abusos de poder de los partidos políticos, como es la “violencia política en razón de género”, ahora lo están usando para censurar y criminalizar a organizaciones sociales y medios de comunicación comunitaria e indígena, en Veracruz.
Representantes de medios de comunicación comunitarios en México, dieron a conocer que al menos unos 50 medios comunitarios e indígenas de diversos estados enfrentan una nueva modalidad de censura en México, a través del uso distorsionado de la figura de la Violencia Política en Razón de Género (VPEG) que limita el debate público y la opinión crítica.
Y es que, en las elecciones del año 2024, una de las radios comunitarias con mayor presencia en Veracruz y que cuenta con 60 años de trabajo, transmitió un spot de sátira que, hacía alusión a un probable caso de nepotismo de una candidata de Veracruz, a lo que esta persona hizo una denuncia por violencia política en razón de género.
Aunque en un inicio el Tribunal desechó en dos ocasiones la denuncia, por no contar con los elementos para hacerla válida, otro Tribunal revocó la sentencia.
Ahora, la posible multa es de 10 mil 857 pesos, además de ofrecer una disculpa pública en las instalaciones de la radio y la adhesión de la Radio al Registro de personas sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, así como el Catálogo de sujetos sancionados.
En esta situación, los representantes de los medios de comunicación comunitaria e indígena, señalaron una evidente censura y criminalización, envuelto en un “Violencia Política en Razón de Género” distorsionado. “Nos preocupa profundamente que esta figura, por la cual las mujeres, especialmente las comunicadoras indígenas, han luchado durante años, está siendo desvirtuada y empleada para silenciar voces críticas y medios comunitarios. Este uso distorsionado de la figura no solo banaliza una lucha legítima contra las violencias estructurales que enfrentan las mujeres en la política, sino que además se convierte en una nueva forma de censura institucionalizada”, explicaron.
Señalaron que esta situación es absurda para los medios comunitarios y periodistas que, no pueden nombrar a la persona que les acusa porque la ley califica este hecho como una revictimización.
Enfatizaron que, los órganos electorales como el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en lugar de garantizar el debate democrático, lo inhiben a través de procesos de sanción en contra de medios que desempeñan una función social fundamental.
“Solamente en el Estado de Veracruz somos más de 50 organizaciones, medios de comunicación y periodistas que estamos atravesando un proceso especial sancionador impuesto por el Tribunal Electoral de Veracruz, siendo criminalizadas en el ejercicio de nuestra labor de informar y en detrimento de nuestra libertad de expresión”.
En este contexto, exigen al Tribunal Electoral de Veracruz y a las autoridades correspondientes, garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, en especial para los medios comunitarios e indígenas; Revisar con perspectiva de derechos humanos el uso de figuras y procedimientos que están siendo distorsionados para censurar a la ciudadanía. Y reconocer el papel esencial de los medios comunitarios e indígenas en la vida democrática del país y su derecho a existir y expresarse sin miedo.
Texto: Notimia/Comunicado