Niñas y mujeres indígenas de la Comunidad de Dos Ríos, Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, fueron privadas de su libertad por exigir respeto a sus derechos. Antes de lograr la libertad, las mujeres experimentaron agresiones y violación a sus derechos humanos.
Todo empezó cuando Angelica, de 15 años, huyó de la casa de su suegro, quien en cuatro ocasiones intentó violarla. La joven se quedó a vivir en la casa de la familia de su esposo, quien migró a los Estados Unidos. La menor de edad escapó de su agresor y se refugió en casa de su abuela, Petra Aguilar, por lo que el suegro pidió a la familia de la joven 210 mil pesos, dinero “que se pagó por ella”.
La policía comunitaria encarceló a Angélica y a la abuela de la joven, de 70 años, quien intentó defenderla. Al enterarse de esto, Concepción, madre de la menor, denunció la situación que estaba atravesando su hija, pero la respuesta que recibió fue brutal, la golpearon dentro de las instalaciones de la cárcel de la Comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, provocándole un aborto de sus trillizos, situación que puso en riesgo su vida.
El ocho de octubre de 2021 también se privó de la libertad a la ciudadana indígena me’phaa, Concepción Ventura Aguilar, a Santa de 8 años, Fernanda y Génesis de 6 años de edad. Hoy, la familia finalmente consiguió “la libertad”.
En México en el año de 1994, los usos y costumbres en poblaciones indígenas fueron reconocidos como formas de autogobierno ante los Estados Unidos Mexicanos como prácticas tradicionales sociales y políticas legalmente normadas.
Sin embargo, la población indígena, que posee una gran diversidad y riqueza cultural, también arrastra una historia larga de abusos y violaciones a los derechos de las mujeres, los cuales se cometen al amparo de los usos y costumbres sin que los perpetradores sean castigados.
Los matrimonios forzados, la compra de niñas y mujeres indígenas por hombres adultos, es una práctica que ha sido tolerada por el Estado usando como pretexto el respeto a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.
La región de la montaña de Guerrero es un ejemplo de cómo las autoridades hacen caso omiso al mandato constitucional que los obliga, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
La violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de la discriminación en razón de género hacia mujeres y niñas y constituye una grave violación a los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º Constitucional, en los Estatutos de Roma, la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará), la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal Federal y estatal.
Pese a que desde el 22 de junio de 2017 se declaró Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios de Guerrero, pocos han sido los esfuerzos y avances por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de ese estado para erradicar la violencia comunitaria e institucional de la que son víctimas sistemáticas las niñas y mujeres indígenas de las regiones de la Montaña y Costas del Estado de Guerrero.
En esos municipios, las mujeres son entregadas desde edades tempranas a hombres adultos a cambio de dinero, bienes, alimentos, mercancía e incluso animales o cajas de cerveza, que son considerados como una dote para realizar matrimonios forzados con niñas y adolescentes menores de edad, lo cual constituye delito de trata de personas.
Estas prácticas son parte de los factores que influyen en la perpetuación de las violaciones a derechos humanos de mujeres y niñas indígenas y abonan a fortalecer un contexto de impunidad e indiferencia por parte de las autoridades estatales y de todos los niveles de gobierno, lo que configura violencia feminicida.
Las organizaciones de la sociedad civil, colectivas, redes y defensoras de los derechos humanos exigen que se persiga y se castigue a los responsables de las acciones que vulneran los derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas.
Además, por el riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de Concepción Ventura y sus cuatro hijas, también exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que intervengan de forma urgente e inmediata para que sean protegidas estas mujeres y niñas indígenas.