ESTADO DE MÉXICO. – Hace una década, los pobladores de San Francisco Magú se dieron cuenta que no eran considerados indígenas. El no reconocimiento del Estado, “extingue las lenguas, es una manera de negarnos los recursos, de negar nuestros derechos, de mantenernos en el olvido”, sostiene María Berenice Sánchez Lozada.
El poblado, perteneciente al municipio de Nicolás Romero, una comunidad otomí, ubicada al norponiente del Estado de México y que colinda con Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Nepantla, no es parte del Catálogo de Pueblos y comunidades indígenas del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM).
“Nosotros no sabíamos que no estábamos registrados, ni que no estábamos reconocidos como pueblos indígenas, es más, ni sabíamos que el Estado debía de reconocernos y registrarnos como tal. Sabíamos que éramos un pueblo otomí, pero hasta ahí”, cuenta Berenice, nativa de San Francisco Magú.
¿Cómo descubrieron que no eran indígenas?
En 2011 los pobladores se inconformaron por una construcción de hoteles en el bosque de Magú. Al siguiente año, en 2012, lograron la cancelación y suspensión de todos los permisos para el megaproyecto. Sin embargo, la lucha más larga la emprendieron después.
María Berenice Sánchez Lozada, que formó parte del grupo que denunció la usurpación de los bosques de Magú, se sorprendió cuando los funcionarios les dijeron: “nos mencionan mucho los derechos indígenas, pero no son pueblo indígena”.
Con esa respuesta, “nos estaban discriminando y negando al acceso a mecanismos de protección, el derecho a la libre determinación, el derecho al consentimiento libre previo e informado que, con los hechos, se había violentado”, señala.
Esta mujer contaba con 31 años cuando inició su lucha para que la comunidad otomí fuera reconocida como pueblo indígena. “Durante mucho tiempo, nuestra lucha fue a nivel municipal, luego estatal, exigiendo el registro para estar en el catálogo”, narra.
La luchadora social detalla que “pareciera que el mecanismo es tratar de agotarnos en recursos humanos, económicos, de darnos castigos ejemplares, de hostigarnos”.
San Francisco Magú tiene una recomendación a favor, por parte de la Relatora Especial por el Consejo de Derechos Humanos, Victoria Tauli-Corpuz: “El hecho de que haya pueblos que no están reconocidos en su calidad de pueblos indígenas, no significa que no tengan derechos, es como una invitación al Estado para negar derechos”.
Derechos negados
Entre los derechos que se le ha negado a la comunidad de San Francisco Magú es la inversión del Estado. Pese a que los pobladores pagan impuestos, la mayoría de las actividades que se realizan en el pueblo terminan en manos de los pobladores como trabajo comunitario.
Ante la falta de reconocimiento, los Pobladores de San Francisco Magú no pueden aspirar a la educación intercultural bilingüe, por lo que pobladores de la comunidad han abierto espacios en las escuelas para que los niños tengan acceso a aprender la lengua otomí, un servicio pagado por los padres de familia.
En 2014, el grupo de Magú se cansó de no recibir respuestas del CEDIPIEM, regresaron a San Francisco y realizaron una asamblea para autodescribirse como pueblo indígena, pero ello no ha bastado para acceder a sus derechos.
Mientras Berenice y sus compañeros de lucha están seguros que el Estado no tiene ninguna facultad para decidir quiénes son y quienes no son los pueblos indígenas, el CEDIPIEM sigue sin comunicarles sobre su proceso de reconocimiento.
San Francisco Magú está conformado por 12 comunidades, todas otomís, las cuales tienen un sistema de usos y costumbres donde se autonombran como autónomos desde hace muchos años. Mucho de los mayores consideran que Magú es un pueblo soberano.
Ante este contexto, Berenice sostiene que son las personas otomís y las comunidades quienes afirman su identidad. Pero no ha bastado con sostenerlo una y otra vez, porque “si no nos reconoce el Estado mexicano, no existimos”.
Aunque el artículo 2° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, resalta el carácter pluricultural, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, en el Estado de México existen 102 comunidades con solicitud ante el CEDIPIEM, para ser reconocidos como pueblos indígenas.
Berenice ha caminado de la mano de otras compañeras y pobladores que coinciden en la lucha por el reconocimiento de su comunidad. En 2012, fue autoridad comunitaria y contó con el apoyo de mujeres mayores de la comunidad.
En su momento, libró un proceso legal al ser señalada, junto con otros 16 miembros de la comunidad, por sedición, rebelión, usurpación de funciones, robo, entre otros delitos. Actualmente, ella y otros pobladores siguen siendo hostigados por personas de choque.
Texto: Juana García