Texto: JUANA GARCÍA Y ROCÍO MARTÍNEZ
Ilustración: Iván Vargas
PARTE 2
Durante estos años, las 11 comunidades a las que se les negaron obras no han cesado de exigir la entrega de los recursos que les corresponden. En 2018, por ejemplo, la Sala de Justicia Indígena dictó una medida cautelar al Ayuntamiento de Juxtlahuaca, aún encabezado por Nicolás Feria, en la que ordenó el pago de los recursos federales a 11 agencias municipales, luego de que cada una de estas comunidades inició un juicio en contra de la cabecera municipal.
Santo Domingo del Progreso, es la primera comunidad indígena del estado de Oaxaca que obtiene a favor una sentencia de Juicio de Derecho Indígena de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, del Tribunal Superior de Justicia, pero a la fecha el ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca no le ha entregado sus recursos del 2018 al 2021.
“En auto de admisión datado el cinco de noviembre de 2018, se dictó una medida cautelar positiva a efecto de que el Presidente Municipal y la Comisión de Hacienda de Santiago Juxtlahuaca entregará de manera provisional al Agente de Policía Municipal de Santo Domingo del Progreso, la parte proporcional que le corresponde a la comunidad que representa de los recursos de los ramos 28 y 33 fondos III y IV de la Federación, hasta en tanto se resolviera en definitiva el presente juicio”, fija el escrito de la sentencia a favor de Santo Domingo del Progreso.
Fueron dos años de espera para que la Sala de Justicia Indígena (SJI) diera una sentencia a favor; sin embargo, pese a las demandas del juicio, éstas no han sido cumplidas y tampoco se ha dado por concluida el proceso legal.
Luego de que Santo Domingo del Progreso junto con otras 10 comunidades iniciaran por separado juicios de derechos ante la SJI, el proceso se ha prolongado entre mesas de diálogo y amparos por parte por el expresidente y actual diputado.
“Estamos esperando que estas medidas se cumplan, pero debido a que ellos se han amparado una y otra vez, el proceso se ha alargado y nosotros seguimos en espera, sin fecha a que concluya. Pero sí queremos resaltar que gracias a esta lucha hay una resolución a favor de una comunidad indígena, algo que nunca había pasado”, explica, uno de los abogados que acompaña a varias comunidades.
En caso de que no se dé el cumplimiento de la sentencia por los amparos, el juicio podría terminan en la Suprema Corte de la Nación (SCN), agrega el abogado.
A cinco años que iniciaran las comunidades un juicio de derechos, solo Santo Domingo del Progreso y una más ésta por publicarse su resolución. Aunque muchas de éstas ya han tenido convenido en algún momento con la administración del expresidente Feria, los juicios se mantienen.
El listado de los juicios iniciados por las comunidades es el siguiente: Yutuzaní JDI/28/2018; San José Infiernillos JDI/29/2018; Cuauhtémoc Yucunicoco, JDI/30/2018; Zaragoza Yucunicoco JDI/31/2018; Buena Vista Yucunicoco, JDI/32/2018.
A la lista le siguen Santa Cruz Tilapa con el juicio JDI/33/2018; La Sabana, JDI/34/2018; Santa María Yucunicoco JDI/35/2018; Santa Cruz Yucunicoco, JDI/36/2018; Santo Domingo del Progreso, JDI/37/2018 y Lázaro Cárdenas Yucunicoco, JDI/38/2018.
“Nos entregaba lo que quería y cuando quería, afectando las actividades de las comunidades y las gestiones que tienen que hacer los representantes”, denunciaron los agentes de las comunidades entrevistados.
¿Dónde están los recursos?
A casi cinco años de distancia, aún no ha sido posible localizar el paradero de los recursos, debido a que no existen documentos que señalen cómo y en qué fueron o no distribuidos por el exedil Nicolás Feria.
«Nos entregaba lo que quería y cuando quería, afectando las actividades de las comunidades y las gestiones que tienen que hacer los representantes», denunciaron los agentes de las comunidades entrevistadas
Según el oficio OSFE/1766/2019 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), tras la revisión de la cuenta pública 2018, en Juxtlahuaca se desconocía el destino de 9 millones de pesos, de los que 5.5 fueron comprobados, tras una auditoría y 3.6 singuen sin ser solventados.
Por estos hechos, el actual gobierno de Juxtlahuaca presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el delito de ejercicio ilícito de servicio público, pues no hubo disponibilidad de la administración 2019-2021, para realizar la entrega-recepción de los documentos que resguardan el manejo del erario de parte de Feria Romero, diputado local por el distrito 07 en el Congreso de Oaxaca.
Como legislador, actualmente Nicolás Feria las comisiones de Derechos Humanos; Movilidad, comunicaciones y transportes; y en Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE).
Se violenta a todo un pueblo
Pese a que el presupuesto debe asignarse según el número de pobladores de las comunidades, y a su marginación, en Juxtlahuaca los recursos federales no llegan de manera directa a las comunidades pese a que 90% de la población es indígena. Tampoco existe una ley que indique la suma de recursos que les corresponden, por lo que el municipio es el único autorizado para administrarlos y los cálculos que hacen las comunidades es en función de la fórmula que se aplica para los ayuntamientos.
Esto porque la Ley Orgánica municipal del Estado de Oaxaca, en su artículo 68, establece que el Presidente Municipal es el representante político y responsable directo de la administración pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento.
En este contexto, Gerardo Martínez Ortega, experto en Derecho indígena y coordinador del Área Jurídica y de Litigio Estratégico del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), explica que el Estado viola el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, según el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por ello considera que se trata de una actuación racista al pensar que los pueblos no tienen la capacidad de manejar dichos recursos.
“Los pueblos tienen el derecho al desarrollo según sus propias necesidades; además, ellos pueden administrar sus recursos de manera directa sin que tengan que pasar por las arcas del ayuntamiento”, detalla.
“Si tú nombras a tu autoridad, ahí no termina la cuestión, sino que la autoridad tendría que tener recursos para poder ejercer sus funciones y realizar acciones relacionadas con el desarrollo de la comunidad, el mejoramiento del nivel de vida, garantizar el derecho a la educación y a la salud, entre otros, no solamente en infraestructura”.
El experto apunta que cuando las autoridades dejan de recibir el presupuesto de la Federación se ven limitados para ejercer sus tareas y “por lo tanto, si no reciben ese dinero, toda la comunidad se ve violentada”.
Esta violación de los derechos de las comunidades, agrega, profundiza el rezago en el que viven, pues esos recursos negados deberían servir para abatir de manera progresiva las necesidades propias de los pueblos, como lo señala el artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Oaxaca.
Pese a ello, señala que organismos encargados, como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), no han emitido alguna recomendación por estas transgresiones, y tampoco existe jurisprudencia por parte de la Sala de Justicia Indígena.