Jujuy: Crónica de una comunidad en defensa de la vida y la dignidad

Texto: Noelia Carrazana/Mink´a Comunicación

Fotos: Leo Armella

Argentina. – A dos semanas del inicio de las protestas en diferentes puntos de en la provincia de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales dio a conocer que dará marcha atrás la reforma constitucional en los artículos 36 y 60 que, afectan directamente a la vida y al territorio de las comunidades indígenas. 

Expresó que van a mantener los artículos sobre la protesta social, indicando que ya existe el derecho sobre el tránsito, el cual está garantizado por la Constitución Nacional. Sin embargo, las personas que participaron en la protesta deberán de pagar un millón y medio de pesos de multa.

A pesar de estas declaraciones, varias comunidades indígenas solicitaron se intensifiquen los cortes de ruta. Desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM) se invitó a todos los afiliados a continuar las medidas de fuerza con cortes en todas las rutas de la provincia.

¿Qué está pasando en Jujuy?

El día 5 de junio, el Congreso Provincial de Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) convocó un paro en toda la provincia, a nivel inicial y primario en todas sus modalidades en rechazo al aumento del 10% por el mes de mayo.

El 9 de junio, se realizó una multitudinaria marcha de Antorchas convocada por los gremios de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Las manifestaciones se replicaron en las localidades de El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca, Libertador San Martín y otras localidades, en un reclamo unánime de aumento salarial.

A estas movilizaciones se unieron los empleados municipales, policía en retiro y trabajadores feriantes que vienen sufriendo violentos desalojos con argumento de quitar sus productos en pro de “un Jujuy ordenado y limpio”.

En el Decreto Acuerdo Nº 8464-G/2023, el gobernador Gerardo Morales modificó el artículo 113 del Código Contravencional de Jujuy, para aumentar las sanciones a las personas y organizaciones que participen de alguna protesta o movilización social, con el argumento de garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación.

 Los altos costos de multas fueron calificados como una imposición, pero lejos de desistir en la lucha, la ciudadanía siguió movilizada. El 14 y 15 de junio, con el cántico “Abajo la reforma, arriba las wiphalas”, las comunidades indígenas de varias localidades comenzaron una caminata denominada “Tercer Malón de La Paz” hacia a la capital provincial, para mostrar su rechazo a la reforma inconsultada que, estaba gestando a puertas cerradas Gerardo Morales de la Constitución Provincial.

La noche del jueves 15 de junio, se aprobó la reforma a la Constitución Provincial, siendo esta la gota que hizo explotar el enojo del pueblo jujeño. El viernes 16 llegó el Malón de La Paz a San Salvador y ahí después de 8 años sin medidas de fuerza, miles de personas inundaron las calles. “Nunca estuvimos en un reclamo con las comunidades indígenas, ellos hace rato que denuncian los atropellos en sus territorios, pero no recuerdo haber estado en una movilización donde estemos tantos gremios junto a las comunidades”, señaló Elena, docente de nivel secundario de San Pedro de Jujuy.

Al siguiente día, sábado 17 de junio, Jujuy se despertó con cortes de ruta en varios puntos de la ruta 9 que tiene como trayecto hasta la Quiaca, ciudad fronteriza con Bolivia. Para desalojar y desmovilizar la orden fue represión feroz, según los propios manifestantes.

Los desalojos dejaron a varias personas de comunidades indígenas heridas de gravedad, por ejemplo, un adolescente perdió un ojo, personas desaparecidas. “Lo que más me dolió fue ver como sacaron a todas las pertenencias de los que estábamos ahí, tiraron la comida que las mujeres estaban preparando en los cortes, no les importo que hubiera mujeres, niños y ancianos”, contó Gumersindo quien estuvo en un corte cercano a Purmamarca.

Hace un mes fueron las elecciones en Jujuy, además de elegir un nuevo gobernador también se eligieron intendentes, diputados, concejales y convencionales constituyentes para la reforma parcial de la Constitución.

Carlos Sadir, del partido de Morales consiguió el 49% de los votos, mientras que el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda (FIT) se disputan el segundo lugar. La participación electoral fue de un 60%, es decir, casi la mitad de los ciudadanos habilitados para votar decidieron no participar.

Estas elecciones estuvieron teñidas por varias denuncias de fraude, pero de todos los actores políticos de Argentina, solo el FIT y Juan Grabois denunciaron el fraude, el resto del espectro político e incluso los dirigentes de peronismo enviaron sus felicitaciones al nuevo ganador, legitimando así la elección.

Luego de estas elecciones, Gerardo Morales siguió conservando su poder de mando, no solo en la provincia, sino que desde hace varios años ya es una figura de renombre nacional, desde 2021 cuando fue elegido el presidente del Partido Radical esa cuota de poder se amplió. 

A principio de este año el funcionario recibió el apoyo de su partido, para ser uno de los candidatos a la presidencia en las próximas elecciones de octubre, por lo que sus aspiraciones hace rato que miran mucho más allá de su provincia.

Como todo patrón, está acostumbrado a mandar y que se le obedezca, tras un evento público, circularon audios y capturas de pantallas en distintos grupos de redes sociales de docentes jujeños donde se denunciaba: “el ofrecimiento de 10 mil pesos a cada persona que asista el día de la jura de la nueva Constitución Provincial”.

Reforma exprés de la Constitución

La propuesta de reforma era la modificación a 193 de los 212 artículos vigentes y los debates debían desarrollarse a lo largo de 90 días. Sin embargo, las reuniones no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico y no hubo audiencia a representantes sociales, ni ciudadanos.

El 1 de junio se conoció el proyecto que proponía recortar la libertad de expresión, eliminar las elecciones de medio término, dar mayoría automática en la cámara al ejecutivo ganador y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas en las disputas territoriales.

En menos de tres semanas, sin debates y con reclamos de la oposición y de los manifestantes en las calles, se cerró la posibilidad de presentar dictámenes. El actual gobernador, Gerardo Morales que también es convencional constituyente ha contado con el apoyo del PJ, local liderado por Rubén Rivarola para aprobar tanto la propuesta de reforma del mes de septiembre 2022, como la actual reforma.

Comunidades indígenas y el litio

La tierra jujeña tiene en sus entrañas abundantes minerales codiciados por las empresas multinacionales que, por la legislación de Argentina pueden realizar minería a cielo abierto, esto lleva a que sean tierras codiciadas por los gobernadores para venderlas al mejor postor.

Particularmente lo que agudizó el avance violento y represivo del estado hacia los territorios inhóspitos de Jujuy, donde están asentadas miles de personas de manera ancestral, es el nuevo oro moderno: el Litio.

Desde que llegó Gerardo Morales a la gobernación no tuvo molestia en tejer diferentes maniobras, para conseguir financiamiento extranjero que sirviera para explotar estos territorios.

El año pasado, incluso llegó a escribir un mensaje desde su cuenta oficial en twitter al empresario y multimillonario Elon Musk. “Hola Elon, soy Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy (Argentina). Los dos proyectos de producción de litio más importantes del país se ejecutan aquí con una capacidad total de 80k toneladas por año y 20 k hectáreas de reservas de litio disponibles para explotar. Somos Jujuy Verde”, indicó.

En dicho mensaje, reconoció que la explotación del litio es uno de sus proyectos más ambiciosos de gobierno. Pero, no mencionó que las comunidades reclaman obtener la titularidad de sus tierras a través del cumplimiento de la ley nacional de emergencia territorial N° 26.160, la cual realiza el relevamiento de las tierras donde habitan estas familias.

Cabe recordar que entre los principales pedidos del Tercer Malón de la Paz son el rechazo a la exploración y explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes; el rechazo a la reforma “inconstitucional”; reconocimiento de los territorios donde habitan las comunidades; renuncia de Gerardo Morales.

Salarios de hambre

En Argentina, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), en el mes de mayo, la canasta básica fue de 203 mil pesos para que una familia no esté bajo la línea de pobreza.

En esta provincia de Jujuy, el sueldo promedio de un docente es de 54.831 por mes y según datos del Ministerio de Educación de la Nación, la provincia tiene uno de los cinco sueldos iniciales más bajos.